En Jolls Jurídico llevamos tiempo denunciando una realidad que muchos ciudadanos sufren en silencio: los fallos en la coordinación entre las distintas administraciones públicas no solo generan confusión, sino que además acaban repercutiendo económicamente en quienes menos recursos tienen.
El caso es tan simple como ilustrativo: un inmueble embargado hace años, una pensión mínima y tres organismos públicos —Catastro, Registro de la Propiedad y Agencia Tributaria— que no se comunican correctamente entre sí. El resultado: un ciudadano al que Hacienda considera propietario de un bien que ya no le pertenece, con la consiguiente obligación de presentar una declaración de renta que no le corresponde.
Un sistema que no se corrige a sí mismo
Cuando el Catastro mantiene datos desactualizados, la Agencia Tributaria los da por válidos. Y cuando el afectado intenta corregirlos, se encuentra con la siguiente respuesta:
“Debe aportar una nota simple registral que acredite que ya no es titular del inmueble.”
Esa nota, sin embargo, solo puede obtenerse previo pago de una tasa en el Registro de la Propiedad. Es decir, el ciudadano debe pagar para demostrar que no tiene lo que el propio sistema erróneamente le atribuye.
Este hecho no solo es injusto: es contrario a los principios de eficacia administrativa (artículo 103 de la Constitución Española) y a la obligación de las administraciones de mantener actualizados sus propios registros conforme al principio de veracidad y coordinación interadministrativa.
Registro “privado” con función pública
Conviene recordar que los Registros de la Propiedad, aunque gestionados por registradores en régimen de competencia privada, ejercen una función pública y tratan datos personales de carácter patrimonial. Por tanto, están sujetos plenamente a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD).
Negar al titular el acceso gratuito a la información necesaria para ejercer su derecho de rectificación o defensa puede suponer una vulneración directa de su derecho de acceso a los datos personales (art. 15 RGPD), especialmente cuando el tratamiento inexacto de esos datos genera perjuicios económicos o administrativos.
La descoordinación institucional como castigo
El Catastro remite al Registro. El Registro cobra. Hacienda presume. Y el ciudadano paga las consecuencias.
Nadie asume la responsabilidad de corregir un error que debería solventarse de oficio, mediante comunicación entre organismos públicos, sin necesidad de que el afectado inicie un procedimiento, pague tasas o soporte cargas adicionales.
Mientras tanto, los afectados —en su mayoría personas mayores o con rentas bajas— ven cómo se suspenden sus prestaciones, se emiten requerimientos automáticos o se les atribuyen rentas ficticias, todo por un fallo que no es suyo.
Una cuestión de legalidad y justicia
El principio de buena administración, recogido en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, obliga a las instituciones a actuar con diligencia, transparencia y coordinación. Sin embargo, los hechos demuestran que el ciudadano español sigue atrapado en un laberinto burocrático en el que cada puerta conduce a otra ventanilla… y cada ventanilla, a un nuevo pago.
No se trata de un simple fallo técnico: es un problema estructural de gestión pública y de respeto a los derechos fundamentales.
Conclusión
Desde Jolls Jurídico defendemos que la corrección de los datos registrales y catastrales debería ser automática, gratuita y garantista cuando derive de actuaciones judiciales, bancarias o administrativas ajenas al ciudadano.
Ninguna persona debería pagar para que la Administración corrija sus propios errores. Ni perder su pensión, ni ser obligada a declarar rentas inexistentes, ni ser tratada como deudora de un bien que ya no posee.
Cuando el sistema falla, el ciudadano no puede ser la víctima. Y cuando el error es público, la reparación también debe serlo.
