En un momento en el que la protección de datos es fundamental para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se encuentra limitada a la hora de imponer sanciones monetarias a las administraciones públicas. Este hecho supone un riesgo evidente para la correcta aplicación de las normas, ya que muchas administraciones pueden caer en la inacción, sabiendo que no se enfrentarán a sanciones económicas incluso si vulneran las obligaciones establecidas en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).